Presupuesto 2019: Rodríguez Saá tendrá superpoderes y castigó a la ciudad de San Luis
El oficialismo con el aval de cuatro diputados radicales logró la media sanción del proyecto que priva de fondos a la capital puntana y le concede una vez más al actual gobernador las facultades para reasignar partidas.
Con la “leyes de leyes” Alberto y Adolfo Rodríguez Saá trasladaron la publicitada pelea a la Legislatura, donde los diputados de Unidad Justicialista hicieron prevalecer la discusión alrededor de la “interna”.
El sector que responde al expresidente impuso el dictamen que finalmente recibió media sanción con el respaldo de cuatro legisladores que responden al exsecretario de Provincias, Walter Ceballos. Le prometieron a la Municipalidad de Santa Rosa que gobierna Miguel Postiguillo una suma adicional.
Alberto Fara, Ariel Barrozo, Nellly Carlomagno y Ricardo Lemme, fueron los diputados radicales que votaron el proyecto propuesto por Adolfo Rodríguez Saá.
La decisión de Ricardo Lemme, Nelly Carlomagno, Ricardo Fara y Ariel Barrozo en no adherir al dictamen de la oposición y votar la propuesta de Rodríguez Saá, mereció esta noche el repudio del Comité Ejecutivo de la UCR. (Ver nota por separado). A ellos se unió Mónica Domínguez del PRO.
El proyecto aprobado se ubica en $39.102.620.285.
Divididos pero no tanto. Las diferencias que afloraron en el bloque oficialista desaparecieron cuando se pidió $186 millones para que la gestión de Enrique Ponce oriente a Transpuntano.
Los diputados que responden tanto a Alberto como Adolfo Rodríguez Saá rechazaron juntos la solicitud de Avanzar y Cambiemos.
El jefe del bloque opositor, Alejandro Cacace se quejó de “siempre volver a lo mismo sin tener en cuenta a 200 mil habitantes”. La idea también abarcaba girarle a Anchorena $8 millones. La bancada rodriguesaísta cerró filas y la votación fue 27 a 15.
Los 27 diputados del bloque Unidad Justicialista que lideran los hermanos Rodríguez Saá votaron por la negativa el pedido de fondos para la ciudad de San Luis.
Los oficialistas se mostraron enfrentados alrededor del artículo 15 por el cual 29 municipios recibirían $478 millones en concepto del Fondo Municipal de Saneamiento y Desarrollo.
Estos son: Villa Mercedes ($150 millones), La Punta, Merlo, Juana Koslay, Potrero, La Toma, Tilisarao, Naschel, Santa Rosa, Luján y Concarán, $20 millones cada uno. En el tercer lote se ubican La Calera, Villa General Roca, Estancia Grande, Juan Jorba, Lavaisse, El Morro, La Punilla, Villa de la Quebrada, Alto Pelado, San Gerónimo, Las Lagunas, Villa Praga, Las Chacras, Unión, Carpintería, Fortuna, Bagual y Los Molles que dispondrían de $8 millones.
Los casi $500 millones fueron introducidos por los diputados enrolados con Adolfo Rodríguez Saá bajo el argumento de que son discriminados por el Gobierno de su hermano, Alberto.
Acá la gran perdedora fue la ciudad de San Luis que no fue tenida en cuenta.
Alfredo Domínguez (albertista) y el presidente del bloque Marcelo Sosa, alineado con Adolfo. R. Saá, exponentes de la publicitada pelea del oficialismo.
“Siempre estamos de acuerdo con brindar más fondos a los municipios. Aunque la provincia recibe 4 de cada 5 pesos de la coparticipación federal, es la que menos coparticipa a las intendencias, solo un 8 por ciento de sus recursos. No está bien que el reparto de los fondos sea discrecional, entonces solo le damos a los municipios amigos y a quienes no se reúnen con el oficialismo, simplemente no los incorporan al presupuesto”, sostuvo Cacace.
El resultado final de la votación fue 24 a 18.
Avanzar y Cambiemos no logró evitar que Alberto Rodríguez Saá conserve las facultades extraordinarias para reorientar fondos. Fue autorizado.
“Año tras año cuestionamos los superpoderes presupuestarios. El gobernador dispone por decreto sin consentimiento de la Legislatura y no es una especulación se ve en las cuentas de inversión. Vimos que el gobernador multiplicó los gastos reservados. No puede un gobernador disponer de facultades ilimitadas para reestructurar las partidas porque convierte el presupuesto en un dibujo”, protestó Cacace.
“Hay un incremento de recursos como por ejemplo 61% en salud, 36% en educación y 52% en seguridad”, aseguró Pablo Zamora miembro informante de un sector del oficialismo.
Alfredo Domínguez promovió que se aprobara “tal cual vino desde el Poder Ejecutivo”.
Este año el Gobierno se vio expuesto a una denuncia penal luego de presentar el proyecto de Presupuesto porque “incumplió normas constitucionales”. El texto original contaba con solo seis hojas, según diputados de AyC que llevaron a cabo la acción ante la Justicia.
Fueron demandados Rodríguez Saá, la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur y la jefa de la Oficina Presupuesto, Julieta Ortíz.
Ante esto, el Gobierno se vio obligado de retroceder en sus pasos y envió un segundo texto a la Legislatura.
De igual manera desde la oposición consideraron que tiene “clasificaciones forzosas”.